Empresa Real Eco State se reúne con Gobierno por propuesta de división de terrenos para conservación

La discusión en torno a la subdivisión de predios rurales, que tiene desde hace meses en pie de guerra a quienes desarroIlan loteos y al Ministerio de Agricultura, volvió a sacar chispas esta semana.

La mecha la prendió el gremio Chile Rural con la solicitud que hizo a la justicia para que se despachara una orden de arresto en contra del ministro Esteban Valenzuela y autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ¿La razón? Un supuesto incumplimiento, a juicio de la asociación gremial, a la medida precautoria decretada por el 7° Juzgado Civil, la que dejó sin efecto hace un mes el instructivo del SAG que había suspendido la certificación de las parcelaciones.

El debate se reinstaló en la agenda a pocos días de que el Gobierno envie al Congreso un proyecto de ley que regule las subdivisiones, despeje su situación tributaria y mitigue los dados ambientales que, según el Gobierno, esta práctica estaría generando en diversas zonas del país.

El anteproyecto está siendo preparado por el Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt), una instancia que coordina a 12 ministerios de manera permanente. Su director ejecutivo es Pablo Contrucci.

En ese contexto, hace unas semanas el fundador y gerente general de The Real Eco State, Felipe Escalona, sostuvo una reunión con Contrucci en las oficinas del Comicivyt para exponer la experiencia de la empresa en la subdivisión de terrenos rurales en la Región de Aysén. La compañía, que hace unas semanas dejó de llamarse Activo Austral y comenzó a operar con una oficina en Nueva York, se enfoca en la venta de proyectos con fines conservacionistas y no habitacionales.

Para ello, cada uno de sus provectos se ampara en el Derecho Real de Conservación

(DRC), una norma que hace exigible legalmente y de manera perpetua la preservación de la floca, fauna y otras características de los terrenos transados. En cinco años, The Real

Eco State ha vendido lotes para la conservación en la Patagonia chilena equivalentes a la superficie de la comuna de Santiago, con un porcentaje creciente de clientes que provienen de Estados Unidos y otros países.

Escalona planteó separar este tipo de subdivisiones de las otras en el anteproyecto y, a petición de Contrucci, envió un documento unos días después exponiendo en detalle el tema. En el escrito, Escalona propone a la Comicivyt incentivar este tipo de parcelaciones en el provecto del Ejecutivo, bajo el criterio de que - a diferencia de lo que ocurre en el resto del país- el objetivo de estas parcelaciones es conservar los terrenos tal cual se encuentran, y no construir parcelas de agrado ni urbanizar estas zonas.

También pide radicar en una institución pública (posiblemente en el Ministerio de Medio Ambiente) la obligación de auditar activamente el cumplimiento efectivo del Derecho Real de Conservación, ya que hoy solo puede ser exigido por la fundación o entidad privada acreedora del DRC a través de los tribunales de justicia. Por último, propone incluir incentivos tributarios que permitan aumentar el interés por invertir en la conservación real de la naturaleza en Chile.

Fuente: El Mercurio